En respuesta, el Ministerio de Salud de Salta volvió a explicar la importancia de la vacunación como una herramienta para combatir la enfermedad.
Ley Bases: qué dice el capítulo de impuestos al tabaco que molesta al empresario Pablo Otero
El gravamen a los cigarrillos fue uno de los puntos de conflicto en la votación en Diputados. La discusión seguirá ahora en el Senado.
ArgentinaLa semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó la incorporación a la ley Bases un capítulo referido a los impuestos al tabaco. Fue por 82 votos a favor, 77 en contra y 69 abstenciones, en lo que fue un momento polémico de la sesión. Las miradas estuvieron puestas en el empresario Pablo Otero, el "Señor Tabaco", dueño de Tabacalera Sarandí.
A pesar de que la media sanción del mega proyecto de Javier Milei afecte los intereses de Otero, el empresario celebró en una carta enviada a la prensa después de la media sanción en Diputados al proyecto del Gobierno. “Nos vemos en la necesidad de aclarar que Tabacalera Sarandí festeja la media sanción del paquete fiscal presentado por el Poder Ejecutivo, y la derogación de parte de la maldita ley 27.430 de 2017, conocida por todos los actores como Ley Massalin, aseguró el dueño de Tabacalera Sarandí.
Ley Bases: la polémica en Diputados al votar el capítulo de impuestos al tabaco
Al momento de realizar la votación el martes pasado, se generó una polémica entre los diputados por la incorporación del capítulo, donde hubo fuertes cruces y acusaciones entre los distintos bloques, lo que demoró la votación. Juan Manuel López (Coalición Cívica) presentó el proyecto, que no estaba incluido en el dictamen general y precisaba mayoría especial, y los oradores posteriores -Agost Carreño, de Hacemos Coalición Federal, y Karina Banfi, de UCR- acordaron en su tratamiento.
Inmediatamente, Santiago Santurio (La Libertad Avanza) pidió la palabra y solicitó "tratar estos temas en las comisiones", provocando el murmullo generalizado en el recinto. Germán Martínez (Unión por la Patria) también intervino antes de la votación, señalando que "nos traen a los empujones para votar este proyecto", coincidiendo con el legislador libertario.
El rechazo generalizado al proyecto fue por parte del PRO y La Libertad Avanza. La posición peronista se dividió entre aprobaciones y abstenciones, aunque esta última fue la posición predominante y la que explica los 69 votos neutrales. El radicalismo y Hacemos Coalición Federal votaron -con pocas excepciones- a favor y alcanzaron la media sanción.
Qué dice el capítulo de impuestos al tabaco que complica a Pablo Otero
Dos tabacaleras que estaban beneficiadas por una medida cautelar por la cual eludían el pago de impuestos sufrieron un revés judicial frente a un reclamo de la AFIP. Se trata de la misma ventaja competitiva que mantiene Tabacalera Sarandí, de Pablo Otero, por la cual al no cumplir con la obligación del impuesto interno sus cigarrillos se venden al público a un precio más barato, lo que le permitió ganar una mayor participación de mercado.
Entre las modificaciones que aparecen en el capítulo de impuestos al tabaco de la ley Bases, apuntan a igualar los impuestos para todas las empresas del sector tabacalero.
Esta medida busca corregir desigualdades existentes y garantizar una competencia equitativa. El proyecto original, presentado en enero y posteriormente retirado en febrero, fue reincorporado tras la aprobación de la Ley Bases y previo al tratamiento del capítulo fiscal.
En detalle, los cambios que propone la ley Bases al impuesto al tabaco son:
Este proyecto aprobado y girado al Senado se centra en los impuestos internos al tabaco, proponiendo elevar el gravamen del 70% al 73%, lo que tendría un impacto directo en el precio del atado de cigarrillos.
Además, se establece una tasa específica para los cigarrillos electrónicos. Aunque estos dispositivos están prohibidos por disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica desde 2011, lo que suscitó debate entre los legisladores.
La venta de cigarrillos está gravada por dos impuestos internos combinados: una alícuota de 70% sobre el precio del atado.
Se trata de un monto mínimo que la AFIP va actualizando con la inflación y que hoy es de $793. Se paga la suma que sea más alta. El sentido es encarecer el precio de los cigarrillos para desalentar su consumo.
La votación sobre los cambios en el impuesto al tabaco fue ajustada, con 82 votos a favor, 77 en contra y 69 abstenciones. Principalmente se abstuvieron legisladores del peronismo y la izquierda, quienes argumentaron que se trataba de una disputa entre grandes empresarios.
Desde la AFIP explicaron: "El impuesto interno a los cigarrillos grava con una alícuota del 70% su expendio; el precio sobre el que se aplica la alícuota no puede ser menor a un monto fijo que se actualiza por inflación cuatro veces por año. Al fijo se lo llama impuesto mínimo. Algunas empresas, a través de medidas cautelares judiciales han evitado pagar el impuesto sobre el monto mínimo".
Según trascendió, Otero comenzó a gestionar contactos velar para que el Congreso mantenga el gravamen, el mismo que objetaba hasta hace poco tiempo atrás, por inconstitucional.
La maniobra, que parece contradictoria, tiene un sentido: el Señor Tabaco se apoya en cautelares de la Justicia y al mismo tiempo la AFIP no inicia acciones en su contra por la figura de evasión de impuestos, de lo cual surge que mientras siga corriendo el tiempo, Otero aún sigue sin pagar los impuestos requeridos.
La respuesta del Señor Tabaco a la medida sanción en Diputados del capítulo de impuestos de la ley Bases
La modificación del régimen impositivo del sector, en el caso que el Senado aprueba la ley Bases, hará que todos los actores de ese mercado, entre ellos Massalin Particulares y British American Tobacco, tengan la misma carga impositiva sobre sus productos.
La reincorporación de los cambios en los impuestos al tabaco afecta principalmente al empresario Pablo Otero, propietario de la Tabacalera Sarandí, conocido como el “Señor del Tabaco”, quien actualmente está eximido de pagar estos tributos.
Hace casi siete años que Tabacalera Sarandí no pagaba el impuesto interno mínimo por la obtención de cautelares, en la Justicia en lo contencioso administrativo, que fueron dejadas sin efecto por la Corte Suprema en 2021.
“Ante el incesante, vergonzoso y falto de veracidad ataque mediático hacia nuestra empresa y mi persona, nos vemos en la necesidad de aclarar que Tabacalera Sarandí festeja la media sanción del paquete fiscal presentado por el Poder Ejecutivo, y la derogación de parte de la maldita ley 27.430 de 2017, conocida por todos los actores como Ley Massalin, diseñada y promulgada por esa firma para quedarse con el 100% del mercado de tabacos. Nuestra empresa ha estado en litigio con dicha ley desde 2018, en procura de su propia subsistencia. Amén que un día ya no exista”, aseguró Otero en una carta a los medios tras la media sanción.
¿Quién es Pablo Otero, el "Señor Tabaco"?
En el centro de la polémica por los impuestos internos a los cigarrillos está Pablo Otero, el denominado "Señor Tabaco", dueño de Tabacalera Sarandí. Mediante la misma medida cautelar, eludiendo el impuesto, consiguió vender su producto más barato, lo que le permitió ganar share de mercado. Factura u$s800 millones al año pero aún se autopercibe un empresario pyme.
Tabacalera Sarandí produce los cigarrillos más económicos del mercado, con las marcas Red Point, West, Master y Kiel. Como competidores tiene a los gigantes internacionales de la industria, pero tiene la ventaja de la protección del Estado desde hace años.
El lobby de Otero logró postergar el debate legislativo sobre las condiciones de mercado que lo favorecen, permitiéndole absorber aproximadamente un 33% del mercado de cigarrillos. El empresario sostiene que su compañía no debería pagar el impuesto interno mínimo a los cigarrillos porque sería injusto dada la capacidad económica de los grandes conglomerados tabacaleros en Argentina.
Desestima a aquellos que lo critican y los acusa de querer destruir la industria nacional. Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones, su compañía no ha adquirido ni un gramo de tabaco argentino de los productores locales durante todo el año 2023, según registros de las cámaras de Salta, Jujuy y Misiones.
En un momento en que las importaciones están totalmente cerradas, Otero ha obtenido las SIRA necesarias para importar cada kilogramo de materia prima requerido para fabricar los cigarrillos.
Además, las declaraciones públicas de Otero sobre los resultados de su compañía no se constatan con las presentaciones ante la AFIP. Las cuentas no cierran. Tanto es así que el organismo tiene abierta una investigación sobre presunta evasión.
La empresa cuenta con medidas cautelares para evitar el pago del impuesto interno mínimo y ha logrado en la justicia contencioso administrativa que no se le apliquen las normas que permiten registrar los movimientos de tabaco internamente en Argentina.
Otero y su familia tienen al menos 19 sociedades en todo el mundo, con empresas constituidas en Estados Unidos, Brasil, Panamá y Saint Kitts and Nevis. Muchas de estas sociedades tienen participación de otros miembros de la familia Otero, como Adrián y Silvia Alejandra, así como de Guadalupe Saldungaray, quien se presume es su pareja.
En medio de estas operaciones comerciales, Otero enfrenta una denuncia de Luis Eugenio Guinle, presidente de la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras, por cohecho agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, evasión y lavado de activos.
Fuente: Ámbito.
El nuevo borrador, que será presentado la próxima semana, simboliza un giro del presidente respecto a sus intentos anteriores de imponer cientos de reformas sin un consenso previo.
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"Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos", anunció el Ministerio de Justicia en un comunicado.
En febrero, el Índice de salarios se incrementó 13,3% mensual y 200,4% interanual. El crecimiento mensual se debe a subas de 14,1% en el sector privado registrado, 15,1% en el sector público y 5,7% en el sector privado no registrado.
Se trata del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que estuvo a cargo de un dirigente del Movimiento Evita cercano a Emilio Pérsico, y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar.
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