En los últimos cuatro años, la cantidad de empleados públicos que trabajan en la administración del Poder Ejecutivo Nacional nunca dejó de aumentar. Según los datos que releva la Dirección de Presupuesto y Evaluación de Gastos en Personal del Ministerio de Economía, en mayo de 2018 la cantidad de empleados estatales del Poder Ejecutivo Nacional, entes públicos no financieros y empresas sociedades de Estado era de 417.179 personas y en mayo de 2022 alcanzó un total de 449.362, un 5,8% más.

Esta cantidad actual de empleados se distribuyen de la siguiente manera:

- Poder Ejecutivo Nacional (administración central, organismos descentralizados, instituciones de seguridad social): 287.376 empleados entre planta permanente y transitoria más 67.675 personas contratadas.

- Entes del sector público no financiero (AFIP, PAMI, Incaa, entre otros): 34.379 empleados.

- Empresas y sociedades del Estado (Radio y Televisión Argentina, Télam, Correo Argentino, Administración de Puertos, Tandanor, Intercalo, entre otras): 59.932 empleados.

Con todo, algunos análisis económicos tiene una mirada más amplia y contemplan también a los monotributistas que trabajan para el sector público. Un trabajo informe elaborado por el Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEA XXI) en base a empleados no solo de la Administración Pública Nacional, sino también en los niveles municipales y provinciales destaca que entre 2007 y 2021 se sumaron más de 900.000 trabajadores al sector público asalariado registrado, un incremento del 37%, a un ritmo muy superior al crecimiento vegetativo de la población (2,27% acumulativo por año versus 1,2468% a.a. que arrojó la tasa intercensal 2022/2010, del Indec).

Según el relevamiento, en 2007 el sector público contaba con 2,43 millones de empleados. A finales de 2015, esa cifra ya se había incrementado en 27%, con un total de 3,1 millones de personas. Ese cálculo se obtuvo al tener en cuenta la cantidad de trabajadores que se desempeñan en el sector público como monotributistas. La cifra se incrementó nuevamente para finales de 2019 cuando pasó a 3,21 millones de asalariados públicos (un incremento de 3,9%). Al cierre de 2021, ya eran 3,33 millones. Del 2019 al 2021, el incremento de asalariados también fue del 3,9 por ciento.

El informe toma solo los empleados “registrados”, ya que de acuerdo con proyecciones realizadas por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) en 2015, al menos un 30% de los trabajadores estatales prestan servicios a través de modalidades de contratación de obra y servicios -modalidad contemplada en los decretos 1318/11 y 1421/02- y mediante los convenios de cooperación a través de las Universidades.

Los trabajadores contratados bajo esta modalidad son monotributistas y no son contabilizados oficialmente bajo la calificación de “asalariados del sector público”. Esto, según el informe, genera dos distorsiones: el número de empleados públicos oficial está alterado y también se encuentra afectado el número de monotributistas, al que generalmente se considera trabajadores privados, pero no todos lo son.

Contabilizando los asalariados del sector público y los empleados estatales que se desempeñan en sus funciones como monotributistas, el centro de estudio alcanzó la cifra de un total de 4,3 millones de personas que lo tienen como su principal fuente de ingresos. “Analizando por presidencia, se puede observar que, del 2007 al 2015, primeros dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, el empleo público creció en 857.000 personas (un 27,1%). Al igual que ocurrió con el empleo privado, su primer mandato incorporó a más personas que el segundo, por una diferencia de casi 100.000 puestos.

En la presidencia de Mauricio Macri se incorporaron casi 158.000 personas como trabajadores estatales (4%). Por su parte, en los dos años de mandato de Alberto Fernández, se sumaron 158.000 personas (3,8 por ciento).

“Este crecimiento del empleo público se da por dos razones. En primer lugar porque el Estado abarca cada vez más funciones, entonces se crean ministerios, secretarías, subsecretarías y organismos donde entra en juego el segundo factor, la militancia. Los distintos gobiernos han colocado a su militancia en puestos del gobierno”, dijo a Infobae Jeremías Morlandi, director de Políticas Públicas del CEEA XXI.

“Estos empleados públicos forman parte del piso de la administración anterior. Cuando la economía está en crecimiento, nadie lo nota. Como pasó en los primeros gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, donde crecieron muy fuerte el empleo público y privado. Pero el crecimiento excesivo del Estado, provoca desequilibrios macroeconómicos que se ven en el mediano plazo y repercuten severamente en el sector privado. Eso provoca aumento de impuestos, reducción del ingreso privado, del consumo, del ahorro”, agregó Morlandi.

El ejemplo de Parques Nacionales

Según contaron fuentes a Infobae, como un simple ejemplo representativo del total nacional, la cantidad de cargos directivos en la Administración de Parques Nacionales (APN) se habría incrementado de 13 a 70 funcionarios durante la gestión de Mauricio Macri, a través de resoluciones y decisiones administrativas (Resolución del Directorio de la APN N° 410/2016; Decisión Adm. JGM N° 1422/2016; Decisión Adm. JGM N° 58/2019). Luego, en 2021, por una resolución del Directorio de la Asamblea de la APN la cifra habría llegado a 79 cargos jerárquicos, según destacaron allegados al organismo. Apenas un botón de muestra.

¿Y en el Congreso?

Según un informe el economista Roberto Cachanosky, que toma en base el Presupuesto en pesos del Senado (equivalente a $25.930 millones) y lo divide por la cantidad de senadores (72), el costo anual de cada Senador este año será de $360 millones, al tipo de cambio de $131 por dólar, es igual a un costo anual promedio en dólares de USD 2,7 millones o un costo mensual de USD 211.479 por legislador.

En el caso de los Diputados, la división del Presupuesto anual de la Cámara baja (igual a $25.641 millones) entre los 257 diputados, da un total de un costo promedio por diputado de $99 millones. Trasladado a dólares a un tipo de cambio de $131 por dólar, el promedio anual es de USD 761.613 y el promedio mensual es de USD 58.586 por legislador.

Fuente: Infobae.