El presidente Alberto Fernández convocó a empresarios, sindicatos y a la sociedad civil a luchar contra la inflación y advirtió que de ser necesario aplicará la norma que data del año 1974 y faculta al Poder Ejecutivo a realizar inspecciones, suspender comercios e incautar productos.
Argentina
El presidente Alberto Fernández convocó hoy, a través de un mensaje grabado, a empresarios, representantes de los sectores productivos, al campo, los trabajadores y a la sociedad civil a una mesa de trabajo para luchar contra la inflación y en ese marco, advirtió que de ser necesario aplicará la Ley de Abastecimiento.
El mandatario emitió un mensaje grabado en un contexto en el que la inflación alcanzó en los últimos doce meses un 52,3%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). “No vamos a dejar de controlar y fiscalizar precios, aplicar la ley de Abastecimiento si es necesario y utilizar todos los instrumentos con los que cuenta el estado para cumplir con el objetivo de controlar los precios”, anunció Fernández en un mensaje que se esperaba por la mañana, luego fue postergado para las 19 horas y finalmente se concretó cerca de las 21.
“Nuestra batalla hoy es contra los especuladores. Contra los codiciosos. Contra quienes buscan aún en situaciones tan complejas sacar una renta extraordinaria. Contra los agoreros de siempre, que intentarán instalar el sálvese quien pueda o buscar culpables rápidos y respuestas sencillas”, destacó el jefe de Estado.
En ese sentido, afirmó que convocará desde este lunes a los representantes de distintos sectores “a una mesa de acuerdo que nos permita diseñar un mañana en la lucha contra la inflación”.
“Confiamos en encontrar acuerdos que ayuden a bajar la inflación y a garantizar el aumento del poder adquisitivo de los salarios”, continuó.
Al advertir sobre la aplicación de la Ley de Abastecimiento Fernández reiteró la apelación a una herramienta legal que faculta al Poder Ejecutivo a determinar precios, realizar inspecciones, suspender comercios e incautar productos, entre otras sanciones. También prevé multas; clausuras de establecimientos por 90 días; inhabilitación para recibir préstamos o beneficios impositivos.
En noviembre de 2020, en plena reactivación de la construcción tras los meses de cuarentena, el Presidente también había amenazado con la aplicación de la ley de Abastecimiento frente al alza de los precios de los materiales. Encomendó entonces al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que actúe “con todo el peso de la ley” sobre quienes acaparaban productos. El anuncio presidencial se hizo en un acto virtual para celebrar el Día de la Construcción.
A fines del año pasado, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se refirió a la negociación que llevaba por entonces con las empresas para fijar los precios en torno a más de 1.300 productos de la canasta de consumo masivo y alertó: “Evidentemente si no se llega un acuerdo vamos a tener que aplicar las leyes. Es algo que trato de impedir, porque creo en los acuerdos sociales”.
La ley citada hoy por el presidente Alberto Fernández fue sancionada en 1974, cuando la inflación se había escapado del control del gobierno. En ese entonces, tras unos pocos años de relativa estabilidad a fines de la década del 60, bajo la gestión de Adalbert Krieger Vasena, período en el que la inflación anual se mantiene por debajo del 10%, la Argentina inicia una fuerte escalada de los precios, a un rango inicial del 40% en 1971, pero que empieza a espiralizarse al registrarse un salto del 64% el año siguiente.
Entre el 73 y el 74, el ministro José Ber Gelbard intentaba aplicar su “Pacto Social”. Aplicó un programa de precios y salarios en el Acta de Compromiso Nacional, firmada por trabajadores, empresarios y el Gobierno. El objetivo fue establecer una nueva distribución del ingreso en favor de los trabajadores, a través de un aumento en los niveles salariales y de las asignaciones familiares, que luego se trató de mantener a través de la intervención sobre el proceso de formación de precios.
José Ber Gelbard, ministro de Economía durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón
El plan funcionó, con un descenso de la inflación y crecimiento económico. Pero al poco tiempo, la falta de consistencia con una política monetaria y fiscal expansiva generó tensiones entre las partes del acuerdo y un fuerte retraso en las tarifas y el tipo de cambio, lo que desembocó en menos de 2 años derivó en lo que fue el primer gran precedente de la hiperinflación, con lo que se dio en llamar el “Rodrigazo”, cuando el ministro Celestino Rodrigo liberó los precios y abrió las paritarias, y las empresas públicas no podían sostenerse con las tarifas congeladas.
El texto original fue modificado en 2014 por el kirchnerismo: faculta al Estado a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario. Además, le permite aplicar sanciones, suspender comercios o realizar allanamientos y procedimientos en establecimientos industriales sin orden judicial.
Fuente: Infobae.
Mientras se ultiman detalles para que comience la discusión de la ley ómnibus en el recinto, el Gobierno tomó la decisión de enviar al Congreso el proyecto del Impuesto a las Ganancias. El mínimo no imponible alcanzará a los salarios brutos de más de $1.350.000.
El gasto de capital transferido a las provincias fue suprimido casi en su totalidad; el Poder Ejecutivo apunta a dar continuidad solo a las obras que tengan más de 80% de nivel de avance.
De acuerdo a un informe privado, los precios de la indumentaria en el país están entre los más altos a nivel global y con la caída del poder adquisitivo, vestirse es cada vez más inaccesible.
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