Este Proyecto de Ley que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que pasó al Senado para su revisión alcanzará a trabajadoras que se desempeñan en ámbitos de la administración pública, comprendiendo a todos los Poderes del Estado.

La licencia deberá ser otorgada en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ministerio Público, Entes Autárquicos, Descentralizados y Sociedades del Estado, como las sociedades con participación estatal mayoritaria en la Provincia de Salta.  

Será una licencia especial y podrá ser solicitada a través de cualquier medio, contando con un cierto plazo, el de 5 días hábiles con goce de haberes para víctimas de Violencia de Género conforme a la Ley N° 26.485.

No incluye al ámbito de las relaciones privadas de empleo, ya que dicha legislación corresponde al Congreso de la Nación, a través de la Ley de Contrato de Trabajo y de los estatutos y convenios específicos de cada materia. 

Este beneficio se diferencia claramente de las licencias por algún tratamiento o enfermedad. “Uno de los objetivos es facilitar el acceso a los servicios  de justicia, ya que cuando una trabajadora  realiza una denuncia por cuestiones de género o un caso de violencia intrafamiliar necesita ausentarse de su puesto de trabajo para solicitar ayuda a los organismos que corresponden”, explicó la autora del proyecto, la Diputada por Orán, Patricia Hucena, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Las trabajadoras afectadas por situaciones de violencia recurren a licencias que no son específicas para disponer del tiempo para recuperarse de las agresiones, iniciar acciones legales, recurrir a la atención psicológica y jurídica o a sus familiares para contención afectiva.  

“Las condiciones laborales de quienes hayan solicitado la licencia no deben cambiar ni perjudicar los ascensos, recategorizaciones o modificaciones de estructura a los que tenga derecho la persona solicitante ni la remuneración que corresponda abonarle”, recordó la legisladora.

Para hacer uso de esta licencia, las mujeres deberán presentar la constancia de haber realizado la correspondiente denuncia policial o actuación  judicial.  Una vez requerida, el empleador deberá preservar la identidad de la víctima arbitrando medidas y acciones a través de los organismos competentes, para el acompañamiento y abordaje integral.

“Este proyecto intenta brindar un respiro, un alivio y el reconocimiento de sus derechos a las víctimas, que necesitan no solamente del acompañamiento del Estado en todas las dimensiones del trabajo que realiza, sino de sostén económico para sobrellevar momentos críticos que se reflejan en los trámites realizados”, explicó la Diputada Patricia Hucena.

Su otorgamiento, no elimina ni compensa otras licencias a las que tenga derecho la persona beneficiada. Esta iniciativa no afectará derechos regulados por los convenios colectivos existentes a la fecha ni los que se acuerden en un futuro. 

 
Fuente: Desafío Noticias.