El presidente Alberto Fernández donará parte de su sueldo durante cuatro meses en concepto de “reparación del daño” ocasionado por haber realizado el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos cuando regía el DNU que él mismo había firmado y que prohibía las reuniones sociales en el territorio del AMBA. Según informaron oficialmente este jueves, el mandatario “decidió presentarse ante la Justicia por derecho propio”, sin su abogado Gregorio Dalbón.

El salario del Presidente -según informó oficialmente el Gobierno ante una consulta de Infobae- asciende a los 315.259 pesos mensuales, por lo que la donación, en total, será de unos 630.518 pesos divididos en cuatro cuotas correlativas.

“Por todo lo aquí expuesto, doctrina y jurisprudencia concordantes en la materia, inexistencia de lesión al bien jurídico tutelado, propongo donar al Instituto Malbrán, transferencias de recursos que provienen de personas y/o instituciones sus actividades en territorio nacional (...), el equivalente a la mitad de su salario como Presidente, durante cuatro meses en forma consecutiva”, estableció el escrito de Alberto Fernández presentado ante el juez Sebastián Casanello.

Además, agrega la presentación que “no existiendo víctima, esa decisión de mérito no puede diferirse sino exclusivamente, para el momento en que se efectivice el ofrecimiento económico conciliatorio -que, como se expuso precedentemente consiste en la donación, por parte del suscripto, del equivalente a la mitad de mi salario como Presidente de la República, durante cuatro meses en forma consecutiva.

Es así que, se ofrece hacer efectiva la donación precedentemente aludida, y tomando en cuenta los fundamentos que motivan este pedido, entendemos que una vez cumplido el acuerdo homologado, debe decretarse mi sobreseimiento en los términos detallados en esta presentación”.

El monto del salario del presidente Alberto Fernández quedó en el foco de atención luego de que el propio gobierno nacional difundiera en un comunicado que había decidido presentarse ante la Justicia por derecho propio y sin abogado patrocinante “a los efectos de plantear la reparación del daño potencial que se hubiere causado”, debido a la violación a la cuarentena en la que incurrió al participar en la Quinta de Olivos del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, y otros diez invitados, cuando estaban prohibidas las reuniones sociales.

Desde Casa Rosada informaron que Fernández se presentó en el juzgado criminal y correccional federal 7, secretaría 13 a las 17 50 vía electrónica y que se representará a sí mismo.

Al conocerse la presentación del mandatario, el fiscal del caso, Ramiro González, anunció la imputación contra él y todos los que participaron del evento, tras analizar los informes que Casa Militar envió a la Justicia sobre los ingresos y egresos de esa noche en la quinta de Olivos.

Según confirmaron fuentes judiciales, González imputó a todos los asistentes a la fiesta de cumpleaños de la pareja del presidente de la Nación. Quedaron formalmente imputados en la causa además de Fernández, Fabiola Yáñez, Sofía Pacchi, Santiago Basavilbaso, Emanuel López, Fernando Consagra, Stefanía Domínguez, Federico Abraham, Carolina Marafiotti, Rocío y Florencia Fernández Peruilh. Todos los invitados al cumpleaños eran amigos o colaboradores de Yáñez.

La imputación en una causa penal significa que el fiscal identifica a las personas involucradas en el caso y les informa de los hechos por los cuáles están siendo investigados. Con esa notificación los acusados pueden presentarse en la causa, designar abogados y hacer las presentaciones que quieran sobre la causa. Por ejemplo, dar una explicación sobre los hechos.

Alberto Fernández quiso adelantarse a esto y se presentó por voluntad propia. El Presidente entiende que no hubo delito en el festejo y se ampara en que la conciliación es una manera de cerrar un expediente judicial que está contemplada en la ley. El pedido debe ser aceptado por la Fiscalía y luego homologado por el juez, que en este caso es Sebastián Casanello.

La mayoría de los participantes del festejo del 14 de julio se presentaron en la causa con el patrocinio de los abogados de Fabiola Yañez, Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo. Stefanía GonzáÅ‚ez, la amiga de la primera dama apuntada por la filtración de las fotos, desistió de esa defensa y eligió al abogado Mauricio D’Alessandro. Su abogado, tal como había anticipado en los medios, pidió este martes la inconstitucionalidad de los decretos que prohibían las reuniones sociales.

Minutos después de que se conociera la decisión, Dalbón publicó un breve mensaje en redes sociales que avala este enfoque: “El Presidente se presenta como un Ciudadano. Donará al Malbrand y sigo siendo su abogado, para causas que sean delito. Fin de la estrategia”.

Fuente: Infobae.