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El menú de sanciones para los que incumplan la cuarentena

Los "castigos" van desde la prohibición de la salida del país hasta embargos económicos, multas de monto variable y probations. Depende del juzgado que toque. En todos los casos, el denunciado debe costearse un abogado.

Argentina
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La denuncia de la Dirección de Migraciones a los 287 argentinos que incumplieron con la cuarentena al regresar de un viaje promete caminos distintos según el juzgado que le toque a cada viajero. Desde ya que el imputado tendrá que designar un abogado --lo que tiene un costo--, hay casos en que se le dicta la medida de prohibición de salida del país, a veces un embargo de unos 200.000 pesos y por lo general la sanción es una multa y/o una probation.

Pero todo es variable. Hay jueces que imponen multa de 3.000 pesos, otros de 9.000, 50.000, 70.000 y algunos que optan por obligar al acusado a ir a ayudar a un comedor comunitario varias veces por mes. También hay fiscales que no pactaron ninguna sanción argumentando que no hubo dolo y tampoco faltan, por supuesto en Comodoro Py, los fiscales que sostienen el discurso de las libertades individuales de Juntos por el Cambio.

La titular de Migraciones, Florencia Carignano, reveló este lunes que un estudio realizado por su área demostró que el 38 por ciento de los que regresaron al país no cumplieron con la cuarentena obligatoria. Hoy en día sólo están abiertos los aeropuertos de Ezeiza, San Fernando y Aeroparque, de manera que los que vienen de viaje deben exhibir un PCR negativo antes de subir al avión y al llegar se les hace un test rápido de antígenos.

Si este test da positivo, se los envía a un hotel donde deben cumplir la cuarentena hasta que un hisopado dé resultado negativo. Si el test rápido da negativo pueden irse a su casa, pero deben cumplir con la cuarentena de una semana, porque pueden -de hecho ocurre- tener síntomas a los dos o tres días. Lo que ocurrió es que Migraciones dispuso de funcionarios para hacer una inspección a los domicilios, en ocho provincias, de los que llegaron del exterior. Esa inspección dio como resultado que el 38 por ciento no estaba en esos domicilios.


Este martes, la Dirección de Migraciones, por orden del Ministerio del Interior, que conduce Eduardo Wado De Pedro, se presentó en las distintas jurisdicciones y denunció a las 287 personas que no encontró en sus hogares.

Les imputó la violación de los artículos 205 y 239 del Código Penal. El primero de los artículos es por “violar las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la propagación y la introducción de una epidemia”. 

La pena prevista es de seis meses a dos años de prisión. El segundo artículo, el 239, es para quien desobedece a un funcionario que dicta órdenes legítimas comete delito más leve, prevé penas de 15 días a un año de prisión. En ambos casos, al ser penas bajas, son de ejecución condicional.

Hasta ahora, las denuncias por estos delitos tuvieron distinta suerte y distintos tratamientos según el juez que tuvo que resolver:

El juez de Lomas de Zamora. Federico Villena, tuvo que instruir el caso de Santiago Solans Portillo que vino de Miami con un PCR trucho y hasta tenía síntomas compatibles con covid. El magistrado lo tuvo varios días preso en un hotel, le dictó la prohibición de salida del país y ordenó un embargo de 200.000 pesos. Estas últimas decisiones están apeladas en Cámara.

El juez de Campana, Adrián González Charvay, intervino en varios casos de personas circulando sin la autorización correspondiente o practicando deportes que estaban vedados. Aplicó multas diversas, entre 3.000 y 9.000 pesos, una cifra accesible para quien viajó al exterior. Pero, en paralelo, ordenó una probation: por ejemplo, concurrir a pintar una escuela dos veces por semana durante cuatro meses.

La multa más alta que se conoce se le impuso a Luca Singerman, un joven del barrio de Belgrano, que viajó contagiado en Buquebus desde Colonia. En el caso intervino la fiscal Alejandra Mangano y se fijó un resarcimiento de 500.000 pesos entregados al sistema de salud pública.

Otros magistrados, que por ejemplo tuvieron el caso de boliches en los que hubo fiestas clandestinas, impusieron multas de 90.000 pesos. Un juez podría ir por ese camino con los viajeros que incumplieron la cuarentena: una multa más fuerte, en línea con el gasto que implicó el viaje. Ya hubo multas de 50.000 y 70.000 pesos e incluso un club de fútbol fue sancionado con 200.000. En todos los casos, las multas se aplican siempre que las personas no tengan antecedentes penales.

Hay magistrados que, en cambio, sostienen que debe cumplirse con la probation sí o sí. Una variante siempre posible es la asistencia a colaborar con un comedor comunitario dos o tres veces por semana durante varios meses.

Por supuesto que, en todos los casos, ser denunciado implica tener que recurrir a un abogado, con el costo que eso supone; también concurrir a Tribunales a prestar declaración -aunque en estos tiempos suele ser a distancia-, exponerse a embargos, a prohibición de salida del país, a tener un antecedente penal y, como se ve, multas o probation. Por supuesto que, si alguien tiene una pena de ejecución condicional anterior, puede terminar entre rejas tras incumplir con la cuarentena.

Como es obvio, la política también juega su partido. En Comodoro Py fueron varios los fiscales que pidieron el archivo de la causa en la que tuvieron que intervenir argumentando que no hubo intención de cometer un delito y, más comúnmente, que la persona estaba en su derecho de transitar. En otras palabras, el discurso de Juntos por el Cambio, dominante en el edificio de Retiro. 

Fuente: Página 12.

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