El proyecto, que fue aprobado a fines de abril por el Senado y ya cuenta con media sanción legislativa, declara de interés público provincial la adquisición de vacunas.

El reclamo para que la Cámara de Diputados trate la ley se exteriorizó mientras el gobierno provincial avanza con la negociación para adquirir un millón de vacunas.

Esta acción es llevada adelante por la gobernación salteña con la empresa Johnson & Johnson, que ya inició el trámite de registro en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y espera la autorización para que se aplique en el país.

En el tramo de manifestaciones, la senadora Silvina Abiles, pidió a la Cámara baja el tratamiento del proyecto que aprobaron a fines de abril.

Con esa iniciativa se autorizará al Ejecutivo provincial a la compra de vacunas para que la inmunización contra el coronavirus sea una realidad, dijo.

La senadora por La Caldera remarcó que se trata de un marco legal necesario para negociar la compra, suscribir contratos, incluir cláusulas de confidencialidad y de indemnidad patrimonial y donde también se establece el seguimiento y el control.

“Todo esto esta plasmado en el proyecto que este Senado ya aprobó”, concluyó Abiles.

En la sesión de este jueves, los senadores también establecieron el carácter de preferencia para tratar en la próxima sesión el proyecto de ley que promueve otorgar de manera excepcional la posibilidad de no asistir a votar a las personas de riesgo a la Covid-19.

Apoyo

Por otra parte, senadores apoyaron este jueves la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de postergar los comicios legislativos provinciales de medio término.

La senadora Abiles afirmó que la suspensión se hizo teniendo en cuenta la difícil situación sanitaria por la pandemia y no por especulaciones políticas.

A su turno, el senador por Guachipas, José Ibarra, compartió que la prioridad es la salud y que hay tiempo para realizar el acto eleccionario otorgando garantías para que los votantes concurran a las urnas sin riesgo.

Tras sostener que todo el arco político ha compartido la prórroga, dijo que sin embargo los “opositores de siempre buscan otro resquicio para criticar”.

Recordó que es el gobernador quien está facultado por ley para convocar a elecciones por decreto y señaló que en este caso para fijar una nueva fecha.

Consideró que con buen criterio, Saénz pidió al COE provincial  COVID-19 que le sugiera una fecha para evitar que la pandemia nuevamente puede comprometer el cronograma de la campaña electoral.

Ibarra puntualizó que de la misma participan más de 11 mil candidatos y que el acto eleccionario genera un movimiento, entre docentes (autoridades de mesa) y auxiliares, de unas 20 mil personas.

También hizo notar que se mantiene un criterio claro sobre la separación de las elecciones locales de las nacionales. 

La situación que determinó la convocatoria en otra fecha es porque el sistema de votación es distinto y porque se elegirán constituyentes para reformar la Constitución, un tema que merece un tratamiento diferenciado por su importancia institucional.

Una ley

Los senadores otorgaron ayer media sanción al proyecto de ley que propone incorporar al Consejo Económico Social de la Provincia de Salta (CESPS), dos representantes de Organizaciones Juveniles con Personería Jurídica. La iniciativa pasó a Diputados en revisión.

Fuente: El Tribuno.