
Podría haber un acuerdo para definir la modalidad de cancelación del monto. En caso de negarse a pagar, podría generarse un embargo de bienes.
Las comisiones de Justicia y de Legislación General recibieron al ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada; y al Secretario de Justicia, Diego Pérez.
GéneroLa iniciativa fue anunciada por el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, durante la apertura del Periodo Ordinario de Sesiones el pasado 1 de abril.
En la reunión remota presidida por el presidente de la comisión de Justicia, Gonzalo Caro Dávalos, y la titular de Legislación General, Socorro Villamayor; el ministro Ricardo Villada expuso primeramente el contexto general de la situación en materia de violencia de género en la provincia, la composición de la actual estructura judicial en materia de género, la política pública en materia de género.
Luego, detalló los principales aspectos de este proyecto, y señaló que tal como lo indican los fundamentos de la iniciativa, la práctica ha demostrado la necesidad de maximizar la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos, mediante la intervención de un mismo juez en todos aquellos procesos derivados, causados o conexos con hechos de violencia familiar y contra la mujer; optimizando recursos y promoviendo la especialización de todos los agentes judiciales intervinientes.
Así también, el funcionario especificó que se establecen medidas necesarias para evitar la revictimización de las mujeres víctimas de violencia y agilizar la resolución de los procesos judiciales. “Esto va a generar simplificación de la tarea de los jueces y eficacia al pedido de justicia por parte de las mujeres”, dijo Villada.
Por otro lado, sobre el registro de actuaciones, resaltó la importancia de que los Juzgados puedan trabajar con información más eficaz para desarrollar así de la mejor manera sus tareas; por lo que es importante resaltar las firmas de convenios con el Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género (URGE) de Nación.
Por su parte, el Secretario de Justicia, Diego Pérez, manifestó que el proyecto plasma la necesidad de transformar una apremiante realidad por la que atraviesan las mujeres en Salta. “Este proyecto es el resultado de un acuerdo con muchas organizaciones vinculadas a la temática, de la Justicia salteña, y otros actores, con los que coincidimos en la necesidad de unificación de fueros, por lo que creemos en el avance de este tipo de proyectos”, sostuvo el funcionario.
Así también, detalló que se establecerán 6 Juzgados integrados especializados en materia de violencia familiar y de género, los actuales 3 del distrito centro, sumados a la reconversión de un Juzgado de Familia y de Garantías que están vacantes.
Además, el secretario de Justicia explicó que muchas de las causas que actualmente se están tramitando, se unificarían en este fuero, y puntualizó que alrededor del 40% de los procesos judiciales que hoy se tramitan en un Juzgado de Garantías, serían absorbidas por este nuevo Juzgado especializado, lo que agilizaría y descomprimiría a otras competencias de la Justicia.
Ante la consulta de los legisladores sobre los Juzgados que integrarán el fuero, el ministro Villada explicó que se busca avanzar en medidas efectivas y de aplicación en la provincia. En relación al aumento de competencias para los jueces, los funcionarios aseguraron que esta medida brinda un abanico de posibilidades aún mayor para los magistrados para resolver efectivamente los procesos.
El presidente de la comisión de Justicia, el diputado Gonzalo Caro Dávalos, destacó el proyecto de Ley y consideró importante este trabajo conjunto para generar mayores herramientas que permitan avanzar en la lucha contra la violencia de género en la provincia.
El proyecto procura generar cambios en la organización de la justicia destinados a la implementación de un enfoque en género e intersecciones que tenga en cuenta las fallas sistemáticas y las que más preocupan y afectan a las/os titulares de derechos, procurando diseñar y poner en funcionamiento un nuevo paradigma organizacional en la justicia que acompañe el cambio normativo trazado por la Ley N° 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en el ámbito en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, así como visibilizar y dar respuestas a otros grupos especialmente vulnerables por este tipo de violencias.
El encuentro estuvo encabezada por los diputados Gonzalo Caro y Socorro Villamayor, presidentes de las comisiones de Justicia y Legislación General, respectivamente, y contó con la presencia de los diputados: Alejandra Navarro, Laura Cartuccia, Mónica Juárez, Amelia Acosta, Fabio López, Matías Monteagudo, Gladys Moisés, Santiago Godoy, Franco Hernández, Cristina Fiore, Emilia Figueroa, Valeria Fernández y Carlos Zapata. Además, participó el Pro-Secretario Legislativo, Pedro Mellado.
Fuente: Cámara de Diputados.
Podría haber un acuerdo para definir la modalidad de cancelación del monto. En caso de negarse a pagar, podría generarse un embargo de bienes.
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