ATE negó las denuncias contra trabajadores de la ANSeS

El revuelo se generó justo un mes más tarde de que la dirigencia nacional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) decidiera renunciar de sus cargos a los titulares de las UDAI Norte y Sur de Salta, el camporista Marco Vera y la abogada Susana Aramayo.

Los primeros días de abril, tras la visita de la directora ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta, se decidió apartar a ambos funcionarios por las numerosas críticas que recibían, y se envió un equipo para sanear el organismo y realizar una auditoría interna.

En ese contexto, hace apenas un par de días se hizo público un informe reservado que daba cuenta de numerosas irregularidades, entre ellas, maniobras ilegales para obtener turnos y acceder a prestaciones a través de estudios jurídicos, algunas prácticas se datarían de 2017. 

El informe también reseña la aparición de documentos y partidas de nacimiento sin que hubiese trámites oficiales en curso que justifiquen esa existencia en la sede. 

E indica que las interventoras del organismo ya hicieron una denuncia penal en la Justicia Federal, "por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, defraudación en perjuicio de la Administración Pública y tenencia ilegítima de documento nacional de identidad". Además, se iniciaron sumarios administrativos e investigaciones "con el fin de identificar responsabilidades y oportunamente adoptar las medidas disciplinarias correspondientes", y se desafectó, suspendió, sumarió o se reubicó, a 20 agentes “para que no entorpezcan las investigaciones en curso”.

Sin embargo, el delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en ANSeS, Antonio García, negó esas afirmaciones a las que vinculó con intereses políticos provenientes del gobierno provincial, de sectores de Juntos por el Cambio y de abogados previsionalistas, “que quieren quedarse con el organismo y lo utilizan como botín de guerra sin importarle los trabajadores”.

Además, destacó que el informe de la auditoría interna sobre los 30 días de la intervención central “supuestamente era reservado y no es oficial”, ya que no figura en ninguna publicación de ese organismo, “sin embargo, cayó en algunas manos mágicamente”. El informe lleva el título "Auditoría interna UDAI Salta: informe sobre los 30 días de intervención central", está cruzado por el sello de "Reservado" y si bien tiene el logo de la ANSeS, no tiene firma de responsable alguno.

El delegado gremial aclaró que aún no puede confirmar si esa es información oficial y si es la que se presentó en la fiscalía o no, pero descartó categóricamente que los trabajadores puedan entregar turnos: “es totalmente falso, porque no tenemos acceso al sistema, la oferta de turnos se pide a Buenos Aires de acuerdo a los operadores que hay y los turnos que se pueden ofrecer”. Y subrayó que si hubiesen visto alguna irregularidad por el estilo, ellos mismos la hubiesen denunciado y pedido la cabeza de quien la estuviese realizando.

El trabajador de la ANSeS explicó que de todas maneras la venta de turnos la puede realizar cualquiera que tenga una computadora y que por lo general la ofrecen los Cyber o kioscos de la zona “que no sé como lo hacen, por ahí se ponen todo el día a tipear para ver si encuentran algún turno y después los ofrecen”.

García relató que hay abogados previsionalistas que están detrás de esas maniobras, “ellos saben a qué hora está la oferta de turnos publicada y tienen hasta alarmas en sus teléfonos para estar alertas de cuándo se renuevan”. “Pero es una oferta de turnos que se sube a la web, que no depende de nosotros”, repitió.

En cuanto a la existencia de una dirección de correo electrónica que funcionaría desde 2017 y que habría sido utilizada para realizar 3.850 solicitudes de turnos de más de 3.000 titulares, García afirmó que “es una mentira, y si existe no es de una máquina de la ANSeS, ni de ningún compañero”. De hecho, el informe describe que se utilizaba un local comercial cercano a la oficina de la ANSeS, donde se llevaría a cabo la venta de turnos gestionada por un tercero ajeno a los titulares de los respectivos trámites. “Son negocios privados que nada tienen que ver con los empleados”, manifestó el delegado gremial.

Sobre la aparición de DNIs y partidas de nacimientos, reconoció un error en el cumplimiento del protocolo, ya que según García, cada vez que alguien se olvidaba un documento, se lo dejaban al personal de la Policía Federal del establecimiento, “y no en el Registro Civil como marcaba el protocolo”. Pero aseguró que en ningún momento fue “para realizar actos ilícitos, eran documentos extraviados”.

Por último, aclaró que la intervención no despidió a ningún trabajador, sino que se removió de sus puestos a algunos jerárquicos en el mismo momento en que ingresó el equipo de intervención y se los reubicó, “como se hace habitualmente en cada cambio de gestión, que cambia toda la estructura de mando”.

Y aseguró que por detrás de la difusión de esos datos está “obviamente la política, tenés gente de Cambiemos y otros afines al gobierno de la provincia que rápidamente salieron a hablar”. “Nos terminan manchando a los trabajadores por sus rencillas políticas”, añadió el referente de ATE.

Un dato que comunicó García, y por el que, entre otras cosas, asegura que pidieron la renuncia a Vera y Aramayo, es porque el Ejecutivo de Salta “quiere jubilar 5.900 empleados en edad para hacerlo, se los quiere sacar de encima porque es una carga económica grande”. “Nosotros eso no tenemos la posibilidad de hacerlo porque no tenemos la estructura y el personal suficiente para iniciar todas esas jubilaciones de un solo saque, sin embargo, aprietan todos los días”, detalló.

Criticó también al actual defensor del Pueblo, Federico Núñez Burgos, y a la diputada Laura Cartuccia, ambos ex funcionarios de ese organismo bajo la gestión Cambiemos, porque usaban para los operativos de la ANSeS sedes de fundaciones particulares de diputados o senadores de ese espacio, “cuando a lo sumo se hacía en la municipalidad”.

El fiscal Federal N° 2, Eduardo Villaba, confirmó a este medio que ya hay tres denuncias en curso contra la dependencia salteña de ANSeS y que la última la presentaron miembros de la intervención. Aunque por tratarse de un expediente reservado, se excusió de dar más información.

Según consta en el informe, en la presentación judicial se comunicó a la Fiscalía que en un local comercial cercano a las oficinas de la ANSeS “se llevaría a cabo una venta de turnos de atención para las dependencias de la UDAI Salta”, y que la gestión para la obtención de turnos se efectuaba a través de la casilla de correo electrónico antes mencionada, “administrada por un tercero ajeno a los titulares de los respectivos trámites”.  

Fuente: Página 12.