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Crisis en la salud: el Gobierno les pagará a las obras sociales una deuda de $1.000 millones

En medio de los problemas financieros que atraviesa el sector, el Gobierno les pagará a las obras sociales una deuda de $1.000 millones en concepto de reintegros por prestaciones médicas de alto impacto económico y de tratamiento prolongado. Así lo anunció a través de la Resolución 249/2021, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

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De acuerdo con el texto, firmado por el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, las únicas excluidas son aquellas que no cumplieron con la presentación de “los Estados de Origen y Aplicación de Fondos vencidos hasta septiembre 2020″. En este caso, no recibirán este dinero del Estado “hasta tanto regularicen dicha situación”.

De esta manera, se autorizó “el pago a cuenta a los Agentes del Seguro de Salud de las solicitudes presentadas al 31 de diciembre de 2019, en concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros (S.U.R.)”, el cual se creó en 2012 para apoyar financieramente a los agentes del Seguro de Salud.

Ahora, las entidades tendrán 180 días desde la efectiva transferencia de los fondos para presentar las solicitudes correspondientes, si no “se le debitará el monto resultante de los subsidios automáticos previstos en los Decretos N° 1609/12, N° 1368/13 y N° 554/18, hasta alcanzar las sumas abonadas a cuenta”.

Entre las obras sociales que mayor dinero recibirán en esta ocasión, están la de los empleados de comercio y actividades civiles; la del personal de construcción; la de los choferes de camiones; la de UTHGRA; la de los supervisores de la industria metalmecánica; la del sindicato de mecánicos; la de la Unión Obrera Metalúrgica; y la del Personal de la Sanidad, entre otras.

Entre los considerandos, el Gobierno señaló que el 26 de agosto del 2020 se “aprobó el pago a cuenta a los Agentes del Seguro de Salud considerando los saldos acumulados de solicitudes y de expedientes obrantes”, a fin de “reproducir la capacidad de ingreso que las entidades poseían previo al ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’”.

En marzo del año pasado, cuando la pandemia del coronavirus recién llegaba a la Argentina, las obras sociales sindicales recibieron $4.800 millones por parte del Gobierno por este mismo concepto, aunque entonces el monto representó casi un tercio de la deuda que tenía el Estado con ellas hasta ese momento.

Además, hace pocas semanas el Poder Ejecutivo sacó otra Resolución en la que autorizó una ayuda financiera para el sector, con el objetivo de mitigar el impacto de la crisis económica por la que está atravesando y que se agravó a lo largo del año pasado por el COVID-19. Puntualmente, esa norma establecía “un apoyo financiero de excepción destinado a los Agentes del Seguro de Salud que hubieran sufrido una caída en la recaudación durante el mes de diciembre de 2020, con relación al mes de marzo de 2020″.

Por su parte, las empresas de medicina prepaga también se encuentran en una situación delicada y hasta advirtieron que está en riesgo la atención de los pacientes en una eventual segunda ola de contagios si no reciben el permiso de las autoridades nacionales para aumentar las cuotas que pagan sus afiliados. En este marco, el Poder Ejecutivo las habilitó a incrementar un 3,5%, suba que finalmente consiguieron aplicar en marzo, pero la industria consideró que esto fue solo un paliativo, ya que los representantes del sector aseguran que los costos les aumentaron un 50% en el último tiempo.

No obstante, se trata de un atenuante que se sumó a la extensión hasta marzo de beneficios para las clínicas y sanatorios, como la rebaja del 95% en las contribuciones patronales y la ayuda del programa Repro para que puedan pagar los sueldos durante el verano.

Las negociaciones entre los directivos de la Unión Argentina de Entidades de Salud del Sector Privado (UAS), que preside Claudio Belocopitt, y el Gobierno han sido intensas e irían hacia un mecanismo de actualización periódico y automático de las cuotas que siga algún índice como puede ser el Indice de Precios al Consumidor (IPC) o la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

En medio de todo esto, las empresas de medicina prepaga aún no se olvidan de las declaraciones de Cristina Kirchner, quien tiene en la mira a estas compañías privadas y no lo oculta. Recientemente, en un acto organizado por Axel Kicillof en La Plata del que también participó Alberto Fernández, la vicepresidenta aseguró que uno de los desafíos del 2021 será “repensar” todo el sistema de salud para avanzar hacia uno “integrado”, en lugar de que siga dividido en “público, privado y obras sociales”, como sucede actualmente.

Fuente: Infobae.

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