Doce provincias sufren la ocupación de tierras públicas y privadas que aún no logran su desalojo judicial

La toma de campos y terrenos fiscales cruza de norte a sur a la Argentina y responde a la decisión de punteros políticos y familias mapuches que aseguran tener derechos sobre los predios apropiados de manera ilegal.

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La cuarentena establecida para atenuar los efectos sanitarios de la pandemia causó un incremento geométrico de las ocupaciones de tierras de manera ilegal. En la actualidad, acorde a un registro que lleva el Gobierno, doce provincias sufren tomas de tierras fiscales y privadas sin posibilidad de ejecutar un desalojo autorizado por los tribunales de cada jurisdicción.

El avance sobre tierras ajenas tiene distintas argumentaciones por parte de sus protagonistas, algunas tácitas y otras explícitas: dentro del primer grupo están las recuperaciones territoriales ancestrales y la falta de oportunidades para los “sin tierra” de acceder a un espacio para construir sus viviendas, entre otras. En el segundo están las motivaciones políticas impulsadas por grupos opositores al gobierno que buscan confrontar al Estado y provocar nuevos nichos de conflicto o bien aquellos que “aprovechan” una toma para intentar adquirir nuevos derechos sobre tierras ajenas.

Las usurpaciones son repartidas y no distinguen entre espacios públicos y fiscales. Buenos Aires y Río Negro son dos de las provincias más castigadas con la problemática, aunque en todo el país se registran episodios similares.

En los últimos meses, en Buenos Aires fueron tomadas 4300 hectáreas de tierras públicas y fiscales. Alcanzan a espacios donde se planificaba la construcción de barrios privados y también viviendas sociales que estaban a punto de ser entregadas a sus beneficiarios.

Una de las tomas más importantes que tuvo definición hace pocos días fue la de Guernica, en la provincia de Buenos Aires, luego de la orden de desalojo dispuesta por la Justicia. No obstante aún resta resolución para otros dos conflictos similares, en Olavarría y en la localidad de Junín.

En Río Negro hay cinco órdenes de desalojo vigentes, listas para ser ejecutadas. Tres de ellas corresponden a comunidades mapuches que fueron denunciadas por mineras que intentan ejecutar distintos proyectos y las comunidades se resisten por considerar que son “territorios ancestrales”.

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Mapuches en Villa Mascardi ocuparon tierras privadas.

La de mayor conflictividad es la que impulsa el grupo identificado como Walkun Lafken Mapu en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, la que cual se mantiene desde 2017 y no hay vistas de solución a corto plazo.

Durante los meses de aislamiento las familias mapuches avanzaron sobre un terreno privado, propiedad del Obispado de San Isidro, aunque sobre este lote en particular la justicia ordinaria dispuso su desalojo. No obstante la toma inicial sobre tierras fiscales aún no tiene solución a la vista y está estancado.

En el corazón de la ciudad de Villa Mascardi, el espacio que estaba destinado a la construcción de la nueva terminal de ómnibus fue usurpado por 70 personas que también debieron desalojar el lugar, luego de que funcionarios judiciales ordenaran la desocupación del predio.

En El Bolsón un centenar de familias mantiene una toma en tierras pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y cuentan con el aval del Juzgado Federal de Bariloche que desestimó el desalojo del lugar. El avance de las familias sobre ese predio fiscal también se produjo durante la pandemia.

Otro de los casos más relevantes de los últimos días fue el que ocurrió en Entre Ríos, donde la familia Etchevehere recuperó su campo tras la intervención de los jueces de la provincia mesopotámica. Más allá de los matices familiares del episodio, la participación de dirigentes políticos le dio al caso un agravante aún mayor.

Chubut es la provincia más austral con ocupaciones, protagonizadas por agrupaciones mapuches, tanto en Lago Puelo – ubicada en el extremo norte del territorio- y en Los Alerces.

En Neuquén se conoció hace pocos días la absolución de integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe, tras ser acusados de instalarse cerca de yacimientos no convencionales de gas y petróleo.

Además un grupo de personas pertenecientes a la Asamblea del Agua usurpó un campo privado en Villa Nahueve, en el norte de la provincia. Las tierras fueron liberadas una vez que el fiscal Fernando Fuentes formuló cargos a los protagonistas por usurpación, impedimento del funcionamiento del transporte terrestre y violación de medidas para impedir la propagación del coronavirus.

En Mendoza un centenar de personas ocupó un espacio perteneciente a una bodega, ubicada en Luján de Cuyo, aunque un grupo especial destinado a evitar o intervenir ante estos delitos, actuó rápidamente y liberó el lugar.

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Operativo policial para desalojar las tierras ocupadas en Guernica.

En los últimos meses en Córdoba se registraron más de 350 denuncias por usurpaciones de tierras e incluso de inmuebles en la provincia serrana. Varias de esas tomas aún continúan y esperan la resolución de la justicia. Las zonas más afectadas son Calamuchita, Malvinas Argentinas, barrio Cabildo y Estación Ferreyra.

Rosario, en la provincia de Santa Fé, es la ciudad de mayor conflicto donde a principios de octubre se produjo el desalojo de un predio perteneciente a Vialidad Nacional, que en febrero había sido ocupado por unas 100 familias.

Aún se encuentra sin resolución la toma de un predio privado ubicado en los suburbios de la ciudad de Santa Fe, donde permanecen instaladas unas 130 familias desde septiembre.

En Chaco la situación no es diferente y a partir de la flexibilización de la cuarentena los juzgados registraron al menos una denuncia por día de ocupaciones de tierras, principalmente de espacios privados.

Los intentos de desalojo dejaron como saldo varias personas heridas, al enfrentarse los ocupantes con la fuerza provincial de la provincia norteña.

En Tucumán preocupa el avance de las ocupaciones aunque el gobierno provincial asegura que trabaja para poner fin a todos los conflictos. Días atrás se recuperaron más de 500 hectáreas de tierras fiscales que habían sido ocupadas en la localidad de Santa Ana, donde se encuentra una reserva forestal. Además hubo un importante operativo para liberar un espacio en El Cadillal, donde se abrieron más de 150 expedientes contra los protagonistas de los asentamientos.

En la provincia de Jujuy, el principal foco de conflicto se da en Palpalá, departamento ubicado a pocos kilómetros de la capital provincial. Allí la comunidad aborigen Tusca Pacha fue desalojada de los terrenos ubicados sobre el margen del río Los Alisos y a mediados de mes también se recuperó un espacio privado que había sido ocupado por unas 250 personas en el barrio Las Tipas.

En Misiones, por su parte, el Gobierno mandó a desalojar a varias familias de que usurpaban terrenos de dos empresas en las cercanías de Los Saltos de Moconá, en un paraje conocido como Colonia Paraíso.

En la Casa Rosada aseguran que no hay una política de estado destinada a apoyar las tomas, aunque hay un reconocimiento de la emergencia habitacional que se agravó por la pandemia. En este contexto, el gobierno insistirá con el respeto a la propiedad privada mientras articula un programa básica de asistencia a las familias que ocupen tierras públicas o privadas.

Respecto a las comunidades mapuches que ocupan zonas que consideran su propiedad ancestral, el Poder Ejecutivo resolverá caso por caso y respetará las decisiones de la justicia o de las entidades civiles que hayan sufrido la toma y que no quieren un desalojo de manera violenta como planteó el Obispado de San Isidro.

Fuente: Infobae.

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