"Las empresas de servicios públicos deberán invertir en mejoras y las sanciones serán de aplicación efectiva", aseguró la Diputada Patricia Hucena al referirse a la importancia de la actualización de la Ley que establece los montos.
Salta
Legislativas- La Cámara de Diputados de Salta aprobó en la sesión de este martes 30 de junio, un Proyecto de Ley a través del cual se propone modificar el artículo 33 de la Ley N° 6.835 referente a las multas a empresas concesionarias de servicios públicos.
"A las empresas de servicios públicos les dolerá pagar las sanciones" dijo la Diputada Patricia Hucena al defender los intereses de los usuarios en Salta, que durante varias décadas toleraron la injusticia de un servicio pago con ausencia de beneficios, como los cortes en el suministro de energía eléctrica que afectan notablemente a las familias del norte de Salta.
"Hoy actualizamos una ley que no fue observada ni modificada por legisladores de Salta en los últimos 30 años, lo cual me parece extraño", sostuvo la legisladora, Patricia Hucena quien cuestionó la demora que padecieron ciudadanos de toda la provincia por la falta de inversión y las falencias en los servicios que son importantes para la vida digna.
La legisladora oranense afirmó que "el espíritu de esta Ley, que fue modificada, será elevar y darle movilidad a las multas que aplica el Ente Regulador a las empresas".
"Para los usuarios que sufrimos durante años la falta de servicios y de inversión en el norte de la provincia, como la ausencia de respuestas será un acto de Justicia. Sufrimos desde las bajas de tensión hasta la falta de agua en tiempos de pandemia", detalló Patricia Hucena durante la sesión del martes en la Legislatura provincial.
A partir de esta Ley que se modifica, las multas y sanciones serán aplicadas en defensa de los usuarios.
Este Proyecto de Ley impulsado por los Diputados Esteban Amat y Omar tiene como finalidad actualizar el valor establecido en el artículo 33 de la Ley N° 6835 que establece el monto de las sanciones de multas que pueden ser aplicadas a las empresas concesionarias de servicios públicos de la Provincia por violaciones graves a los ordenamientos regulatorios.
En efecto, la norma citada dispone que “las multas son sanciones pecuniarias de cien pesos ($100) a un millón de pesos ($1.000.000)”.
Fuente: Desafío Noticias.
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