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Los primeros decretos de Lula como presidente de Brasil

Con un decretazo el flamante mandatario cumplió varias de sus promesas de campaña.

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En su primer día de mandato como presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva sancionó una serie de decretos que fueron parte de sus promesas de campaña. Entre ellos se encuentra la limitación de la compra de armas para la población civil, algo que el exmandatario Jair Bolsonaro había flexibilizado, y la marcha atrás de las privatizaciones de algunas empresas públicas.

Según informó este lunes el equipo de comunicación de Lula, el principal decreto incluyó la suspensión de la política de flexibilización para la adquisición de armas por parte de los civiles. La medida suspendió también la autorización para la apertura de nuevos clubes de tiro hasta nueva reglamentación y redujo de seis a tres el número de armas que se pueden tener por hogar.


También sancionó un decreto que ordena el inmediato retiro del programa de privatizaciones de la petrolera Petrobras y la de logística Correios y la Empresa Brasileña de Comunicación (EBC), la red de medios públicos.

El flamante presidente, que arranca su tercer periodo como mandatario de Brasil, también restableció el Fondo Amazonia, una caja de donaciones internacionales comandada por Noruega y Alemania que había sido despreciada por el gobierno de Bolsonaro destinada al desarrollo productivo de las comunidades amazónicas.

Lula además firmó la reglamentación para pagar 120 dólares del plan social Bolsa Familia con adicional de 30 dólares por hijo a cada trabajador sin ingresos registrados, en el marco de una enmienda constitucional que logró aprobar antes de su asunción con acuerdo del Congreso.

En su primer día de gobierno, además de poner en funciones al gabinete, Lula firmó la normativa que derriba los decretos con secretos de cien años que había dictado Bolsonaro sobre varios temas, entre ellas su libreta de vacunación y las visitas al Palacio del Planalto y el Palacio de la Alvorada (residencia oficial).

En este marco, Lula determinó a la abogacía del gobierno evaluar el tenor sigiloso de esos documentos antes de darlos a conocer.

Fuente: Página 12.

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